A la ya considerable lista de virtudes de las que hace gala en mediáticas apariciones públicas con su habitual desparpajo cañí la presidenta de la Comunidad de Madrid, Doña Esperanza Aguirre, hay que añadir con fervor su asombrosa intuición política, implícita en la frase que hace meses dejó caer, como quien al viento le habla, clamando a la justicia mundana porque no llegaba a “fin de mes” ya que calentar su casa –de las de toda la vida, de altos techos, amplias estancias y aristocráticas dimensiones- le costaba un dineral.
Nadie –tal vez alguno de sus más allegados exégetas- supo atisbar en aquel momento que más que una queja sobre su propia situación personal, la frase era una alegoría premonitoria, un pálpito asombroso con el que la mente más preclara y vanguardista del populismo liberal madrileño supo pronosticar las venideras estrecheces y penurias que padecerían los despreocupados españoles que, hipnotizados por el malvado ZP y su coro de cigarras cantadoras, asistían indolentes al advenimiento de la terrible crisis mundial.
Pero nuestra presidenta, hormiguita laboriosa donde las haya, llegados ya los rigores de la temida recesión, ha cogido el toro por los cuernos y ha comenzado a tomar decisiones pragmáticas y realmente útiles, que sin duda harán que la crisis remita lo antes posible, que volvamos a la provechosa histeria inmobiliaria, que baje el precio del petróleo y que la banca mundial se ponga a tono para poder reanudar cuanto antes el jolgorio subprime. Así que ha echado mano del prolífico libro de estilo del oscuro laboratorio FAES y se ha puesto manos a la obra.
Y qué mejor que empezar recortando gastos. Lo primero que se le ha ocurrido suprimir son las plazas públicas gratuitas para guarderías. Las familias con rentas más bajas, no pagaban nada. Ahora tendrán que abonar 45€ mensuales (500€ anuales). Ha cambiado la normativa y si antes las cuotas se calculaban en función de la renta, ahora se pasa a un sistema de tres tramos, de 45, 90 y 135€, cuya puesta en práctica asegura que pagarán más los que menos medios tienen y aquellos padres con rentas más altas, pagarán menos.
Aducen los responsables de la Consejería de Educación que la reforma de la normativa es, entre otras razones, para simplificar las cosas al personal que elabora las tarifas –no se vayan a liar, se depriman y se cojan una baja con el consiguiente cargo al erario público- y para evitar el fraude, reconociendo implícitamente, por tanto, que se estaba defraudando en la adjudicación de las plazas gratuitas.
A ella las cuentas le salen porque sin duda son muchas más las familias con rentas bajas que las que disponen de rentas altas. Pero si son ustedes padres interesados, no se sientan agredidos, piensen que pese a pagar más están contribuyendo a una mayor recaudación autonómica y por tanto al alivio de la crisis; a lo mejor este año pueden mejorar sus retribuciones los responsables de la CAM y llegan a fin de mes...
Después ha pensado en ahorrar otros gastos superfluos y ha dado con uno que además, le resultaba incómodo. La FAPA Giner de los Ríos, la más potente federación de asociaciones de estudiantes con más de 800 integradas, ha ocupado desde hace 15 años un local propiedad de la CAM en la madrileña avenida de la Reina Mercedes. Ahora la Comunidad no les renueva el convenio y les desahucia con la excusa del ahorro y con acusaciones de presuntas irregularidades que los responsables autonómicos se han visto obligados a matizar posteriormente. Que a nadie se le ocurra pensar que la FAPA Giner de los Ríos está pagando el precio de ser la entidad educativa que más directamente se opone a los planes de la Señora Presidenta de privatizar la enseñanza pública madrileña. No hay que ser tan mal pensado.
-¡El caso es que no parece tan mala idea!- debió pensar la regidora de Alpedrete, quien es conocida por ser la fan número uno de la Presidenta regional, y aprovechando la diáspora veraniega de los vecinos del municipio y por razones de ahorro y también de espacio, ha puesto de patitas en la calle a los grupos municipales de la oposición, que ocupaban un moderno y comodísimo túmulo interior de cinco metros cuadrados donde tenían que trabajar los ocho concejales de las tres formaciones municipales.
Qué incomprendida la primera edil alpedreteña, los desalojados concejales se han molestado por tan poca cosa, los muy insolidarios, y se han dedicado a proclamarlo a los cuatro vientos en vez de comprender que las cosas son como son… Si al final les ha hecho un favor. Les he visto a la vuelta de las vacaciones y la verdad es que tienen mejor cara; donde va a parar, trabajar al aire libre bajo la protección fresca del granítico soportal herreriano del edificio consistorial, donde se han instalado. Además nada tiene que ver que haya varios locales municipales olvidados y abandonados, donde los concejales podrían instalarse y desempeñar las funciones que les han mandatado los ciudadanos. La Alcaldesa no puede permitir que se derroche el dinero de los contribuyentes en acondicionar locales para la tan poco comprensiva oposición, que no entiende que lo natural es que el PP gobierne y que todo el mundo calle y aplauda.
Es tiempo de estrecheces y los derrochadores ciudadanos madrileños no comprendemos el esfuerzo ingente que nuestros gobernantes autonómicos y locales llevan a cabo para liberarnos de cargas absurdas, anacronismos legislativos y trabas administrativas que nos impiden entender que es mejor prescindir de costosos servicios públicos que no generan más que gastos y presión fiscal. Si es que no hay nada como tener a alguien que piense por nosotros…
jueves, 4 de septiembre de 2008
lunes, 30 de junio de 2008
La política, Dios y Mª Sol Casado
La iglesia católica jamás concederá al hombre su derecho a la dignidad en el proceso de la muerte -aunque esta concesión por fortuna no afecte legalmente ni siquiera a los creyentes más adeptos- y por tanto no reconocerá nunca su derecho a poner fin a su vida en el momento en que lo considere oportuno, porque reconocer este derecho al hombre implicaría retirárselo a Dios, negando así, con los hechos, que solo Él tenga la capacidad de decidir quien vive o quien muere e implicaría también que sus ministros en la tierra perderían el gran beneficio que les supone administrar tan excelso poder.
No están los tiempos para hacer concesiones de ese tipo para el catolicismo español que ve en la constante evolución de nuestra sociedad, una merma progresiva de su poder sobre almas y mentes y una disminución constante de afluencia a la parroquia, por no hablar de la creciente sequía de vocaciones a vestir hábitos y sotanas.
La iglesia católica no deja de entrometerse en la política porque se resiste a perder un papel protagonista que afortunadamente las leyes ya no le confieren y para ello se agarra como puede al clavo ardiente de la interpretación subjetiva e interesada de cierto título de nuestra Constitución que le parece permitir privilegios que en el nivel actual de desarrollo civil y cultural de nuestro país no son si no un anacronismo tan estrambótico como perjudicial para la salud política y social del mismo.
La Junta de Andalucía, pionera en muchas cosas, da un paso decisivo hacia el objetivo de establecer legalmente un catálogo de derechos del paciente y obligaciones del médico, que pese a estar reconocidos ya en la Ley de Autonomía del Paciente, nunca se han desarrollado específicamente por las autonomías ni por el propio Estado, dando lugar a situaciones equívocas y bochornosas como el caso del hospital Severo Ochoa de Leganés y las sedaciones irregulares que no lo eran, como ya ha dictaminado la justicia, para bien de profesión y usuarios.
Con esta Ley autonómica, el Gobierno de Chaves, no solo viene a cubrir un vacío legal que no podía estar vacío por mucho más tiempo, viene también a recordarnos que los gobiernos de izquierdas son necesarios si se quiere seguir avanzando en derechos y ofreciendo calidad en los servicios de las instituciones públicas. Y que es necesario regular legalmente el derecho a morir, para vivir más dignamente.
Es ya un grito multitudinario en España, que una amplia mayoría de ciudadanos expresan su respeto hacia todas las confesiones religiosas pero reivindican un estado totalmente laico y aconfesional donde la religión no condicione las libertades, ni participe de la política ni de las decisiones que conciernen a derechos cívicos, ni se inmiscuya en la enseñanza, para que ésta sea científica y de calidad. Y mientras en Andalucía y en otras comunidades autónomas se avanza en este terreno, en la Comunidad de Madrid, se retrocede.
En las comisiones de ética los hospitales madrileños, se ha regulado por Ley la participación de religiosos en la toma de decisiones –en lo que sin duda supone una aberración del estado de derecho por omisión de la separación de poderes que promulga la constitución de 1978- Se plantean sin rubor objeciones de conciencia –que no lo son al carecer de valor jurídico- a la asignatura de Educación para la ciudadanía, haciendo descaradamente un llamamiento a la rebeldía contra el Gobierno de España y sus atribuciones impropio de una administración pública democrática.
En Alpedrete, que probablemente es la sucursal más reaccionaria del nacional catolicismo neoliberal de Esperanza Aguirre, las pasadas fiestas nos han dejado impresa en la memoria, la imagen de la Alcaldesa y de tres concejales sustentando el palio bajo el que desfilaba en procesión la curia católica con todo su boato. Este es un claro esbozo de la idea de la política que tienen los dirigentes del PP local, que carecen de pudor alguno al plasmar con los hechos la sumisión del poder civil, representado por la Corporación Municipal, al poder eclesiástico.
Es intolerable que a estas alturas, los ciudadanos tengamos que soportar que esto sea así. El poder político, legítimamente emanado del pueblo y renovado cada cuatro años, no puede someterse a ninguna otra autoridad que a la de las urnas y por supuesto a la del poder judicial, al que, por cierto, nuestra alcaldesa tiene alguna dificultad para someterse, retrasando -por prurito personal- la ejecución de ciertas sentencias judiciales, en lo que sin duda es la demostración más palpable de que estamos más cerca de los modos y las costumbres de la dictadura militar que de las que son propias de nuestro estado de derecho.
Dos mayorías absolutas han propiciado que Mª Sol Casado piense que puede hacer lo que le venga en gana con la representación popular que ostenta y no duda en hacerlo sin el menor rubor, aunque tenga que someter el poder que representa a una confesión religiosa a la que ella pertenece pero a la que no pertenecen muchos otros ciudadanos del municipio, que naturalmente merecen el mismo respeto que los católicos y que ella misma. Éstos también tienen derecho a verse representados por la máxima autoridad local y por eso es que la Alcaldesa, en el ejercicio de sus funciones debería abstenerse de participar en cultos religiosos, mostrando un comportamiento laico que es exigible a los políticos en todos los estamentos de la Administración.
Cada uno puede hacer lo que le venga en gana a título personal, creer en lo que quiera y manifestarlo así cuando y como le apetezca, pero cuando uno representa a los ciudadanos ha de representarlos a todos y no solo a los que piensan como él.
Es el momento de exigir que los políticos cumplan con nuestra Carta Magna y actúen como representantes del poder que ostentan, dejando de jurar cargos frente a un crucifijo, dejando de participar en funerales religiosos de estado o dejando de hacer ostentación en cualquier acto público de su condición de adeptos, sea cual sea su religión. Solo así conseguiremos profundizar en la verdadera igualdad de todos y cada uno quedará donde le corresponde. Al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios.
jueves, 5 de junio de 2008
Sobre la violencia y la política municipal
Dejando de un lado la controversia sobre quien organiza o no las algaradas de violencia callejera a que se hace mención en diversos comentarios y tendiendo en cuenta que el fenómeno de la violencia es preocupante en tanto en cuanto lleva implícita la semilla aletargada de desórdenes pretéritos que creímos por algún tiempo superados; teniendo en cuenta, además, la máxima de que la violencia es violencia siempre y es denostable tenga el color que tenga, parece que la única realidad inapelable es que en un estado de derecho como el nuestro, que aporta toda clase de garantías e igualdades, el diálogo y el acuerdo son las únicas vías que parecen llevarnos al verdadero progreso de las ideas, las leyes y los espacios comunes de convivencia.
Entonces, si nuestro sistema político posee las claves para el entendimiento y la coexistencia pacífica mediante la confrontación democrática de las ideas ¿Qué razones son las que llevan a una persona a comportarse violentamente? ¿Existen motivos reales y demostrables que sitúen alguna creencia o ideología fuera del marco del sistema establecido, precisando de un comportamiento violento para su defensa o patrocinio? Sinceramente creo que no, pero la respuesta profunda y meditada de ambas cuestiones exigiría más un estudio y unas reflexiones que por su extensión exceden con mucho la intención de estas líneas.
Lo que parece claro es que, cuando brota la violencia tal como la estamos viendo aquí, a menudo es necesaria la confluencia de diversos factores, como son, la existencia de colectivos sociales inadaptados, en riesgo de exclusión social o con un perfil sociocultural bajo en primer lugar y un detonante, que muchas veces es la rivalidad en el deporte de masas, el alcohol o las diferencias territoriales.
No creo que el problema tenga una solución definitiva fácil, pero se puede erradicar o por lo menos mitigar hasta convertirlo en algo tan residual que parezca anecdótico. Estoy convencido, empero, de que el problema de estos brotes violentos tampoco ha de adquirir una dimensión social que no le corresponde en el seno de una sociedad madura en democracia como la nuestra y mayoritariamente pacifista. Más bien creo que los primeros colectivos interesados en que aparezca como un problema social de primer orden son, por un lado, los propios violentos y por otro, los políticos populistas que se aprovechan de la coyuntura para esgrimir argumentos de coerción social que conllevan a menudo la merma de las libertades públicas y la sustitución de la política de integración social por medidas de represión policial, que no conducen a la solución de los conflictos.
Esto no quiere decir que haya que ignorar estos brotes de violencia ni negar su existencia, como se ha hecho desde determinados sectores de la política, con intenciones dudosas o subrepticias. Es más, está en el ámbito de la política y en las competencias de quienes la ejecutan escoger el rumbo adecuado de las acciones que se tomen desde la administración para la resolución de este problema.
En el caso concreto de Alpedrete, tenemos graves carencias de articulación social, a falta de un tejido asociativo que dé cauce natural a la participación de los ciudadanos en el diseño de las acciones políticas de las que van a ser objeto. Con la intención de tener a la ciudadanía dividida y desorganizada y aligerarse del efecto corrector que sobre la política tiene la presión asociativa, se ha prescindido por completo de ese tejido y no se ha procurado su fomento, cuando no se ha obstaculizado su regeneración. Tengo, no obstante, que reconocer como ejercicio autocrítico, que la desorientación de una izquierda en la oposición que no ha sabido aún encontrarse a si misma tras un breve ensayo al frente del gobierno municipal y su consecuente desarticulación como alternativa clara ante los ciudadanos, ha contribuido a que el gobierno mayoritario del PP en el Ayuntamiento no haya encontrado obstáculo alguno para llevar a cabo sus actividades, haciendo de éstas un compendio de atropellos que en la mayoría de los casos quedan impunes, exceptuando aquellos –que los hay- en que han mediado sentencias judiciales, que no obstante han salido caras al bolsillo del contribuyente.
Si a esto sumamos la práctica inexistencia de política social, el desconcierto del consistorio en política cultural y de servicios y la falta de voluntad –o la incapacidad total- por llegar a las razones que están en la génesis de los problemas, tendremos el espacio adecuado para la aparición de las conductas violentas en un entorno en el que no se dinamizan los colectivos sociales ni se ofrecen alternativas de ocio al consumo de alcohol ni se diseñan actividades de integración o dinamización social.
Durante las pasadas fiestas patronales, los jóvenes del municipio no tuvieron mucho donde escoger: discoteca, toros o misas, en lo que sin duda supone la manifestación mas retrógrada posible de la España cañí que se pueda tolerar a cargo del erario público. ¿Hay alguien que, estando en su sano juicio, no comprenda el aburrimiento mortal de una juventud que se ve abocada de este modo a encerrarse en las peñas a beber alcohol, en algunos casos sin medida?
Tampoco es difícil situar los brotes de violencia acaecidos en un entorno semejante. No acuso al consistorio del fenómeno de la violencia en si, pero creo estar en lo cierto cuando apunto a la dejadez de los munícipes en cuestiones de juventud y de participación ciudadana como elemento potenciador del fenómeno. Incluso diría que se advierte una sutil forma de connivencia del equipo de gobierno con los violentos cuando, por omisión en sus obligaciones, en el reconocimiento del fenómeno en si, se facilita la impunidad de sus fechorías.
Es necesario, en primer lugar, para resolver un problema, reconocer que se tiene ese problema y después es necesario tener voluntad de resolverlo y, por supuesto, la capacidad de hacerlo. No veo ninguna de estas premisas en la actitud del equipo de gobierno del Partido Popular de Alpedrete. No veo más que un enrocamiento en una actitud obstinada de negación de los problemas con la machacona consigna de que “todo va bien, todo se está haciendo bien” cuando no se hace nada.
Y probablemente no se puede hacer nada más porque este gobierno municipal está hipotecado para todo su mandato gracias a una política presupuestaria neo conservadora que haría sonrojar al propio Keynes y que ha colocado la situación económica del municipio al borde del desastre. Con esta situación no debería sorprender que problemas como el de la violencia se hayan instalado aquí. Yo creo que con este equipo de gobierno lo peor está por venir.
Entonces, si nuestro sistema político posee las claves para el entendimiento y la coexistencia pacífica mediante la confrontación democrática de las ideas ¿Qué razones son las que llevan a una persona a comportarse violentamente? ¿Existen motivos reales y demostrables que sitúen alguna creencia o ideología fuera del marco del sistema establecido, precisando de un comportamiento violento para su defensa o patrocinio? Sinceramente creo que no, pero la respuesta profunda y meditada de ambas cuestiones exigiría más un estudio y unas reflexiones que por su extensión exceden con mucho la intención de estas líneas.
Lo que parece claro es que, cuando brota la violencia tal como la estamos viendo aquí, a menudo es necesaria la confluencia de diversos factores, como son, la existencia de colectivos sociales inadaptados, en riesgo de exclusión social o con un perfil sociocultural bajo en primer lugar y un detonante, que muchas veces es la rivalidad en el deporte de masas, el alcohol o las diferencias territoriales.
No creo que el problema tenga una solución definitiva fácil, pero se puede erradicar o por lo menos mitigar hasta convertirlo en algo tan residual que parezca anecdótico. Estoy convencido, empero, de que el problema de estos brotes violentos tampoco ha de adquirir una dimensión social que no le corresponde en el seno de una sociedad madura en democracia como la nuestra y mayoritariamente pacifista. Más bien creo que los primeros colectivos interesados en que aparezca como un problema social de primer orden son, por un lado, los propios violentos y por otro, los políticos populistas que se aprovechan de la coyuntura para esgrimir argumentos de coerción social que conllevan a menudo la merma de las libertades públicas y la sustitución de la política de integración social por medidas de represión policial, que no conducen a la solución de los conflictos.
Esto no quiere decir que haya que ignorar estos brotes de violencia ni negar su existencia, como se ha hecho desde determinados sectores de la política, con intenciones dudosas o subrepticias. Es más, está en el ámbito de la política y en las competencias de quienes la ejecutan escoger el rumbo adecuado de las acciones que se tomen desde la administración para la resolución de este problema.
En el caso concreto de Alpedrete, tenemos graves carencias de articulación social, a falta de un tejido asociativo que dé cauce natural a la participación de los ciudadanos en el diseño de las acciones políticas de las que van a ser objeto. Con la intención de tener a la ciudadanía dividida y desorganizada y aligerarse del efecto corrector que sobre la política tiene la presión asociativa, se ha prescindido por completo de ese tejido y no se ha procurado su fomento, cuando no se ha obstaculizado su regeneración. Tengo, no obstante, que reconocer como ejercicio autocrítico, que la desorientación de una izquierda en la oposición que no ha sabido aún encontrarse a si misma tras un breve ensayo al frente del gobierno municipal y su consecuente desarticulación como alternativa clara ante los ciudadanos, ha contribuido a que el gobierno mayoritario del PP en el Ayuntamiento no haya encontrado obstáculo alguno para llevar a cabo sus actividades, haciendo de éstas un compendio de atropellos que en la mayoría de los casos quedan impunes, exceptuando aquellos –que los hay- en que han mediado sentencias judiciales, que no obstante han salido caras al bolsillo del contribuyente.
Si a esto sumamos la práctica inexistencia de política social, el desconcierto del consistorio en política cultural y de servicios y la falta de voluntad –o la incapacidad total- por llegar a las razones que están en la génesis de los problemas, tendremos el espacio adecuado para la aparición de las conductas violentas en un entorno en el que no se dinamizan los colectivos sociales ni se ofrecen alternativas de ocio al consumo de alcohol ni se diseñan actividades de integración o dinamización social.
Durante las pasadas fiestas patronales, los jóvenes del municipio no tuvieron mucho donde escoger: discoteca, toros o misas, en lo que sin duda supone la manifestación mas retrógrada posible de la España cañí que se pueda tolerar a cargo del erario público. ¿Hay alguien que, estando en su sano juicio, no comprenda el aburrimiento mortal de una juventud que se ve abocada de este modo a encerrarse en las peñas a beber alcohol, en algunos casos sin medida?
Tampoco es difícil situar los brotes de violencia acaecidos en un entorno semejante. No acuso al consistorio del fenómeno de la violencia en si, pero creo estar en lo cierto cuando apunto a la dejadez de los munícipes en cuestiones de juventud y de participación ciudadana como elemento potenciador del fenómeno. Incluso diría que se advierte una sutil forma de connivencia del equipo de gobierno con los violentos cuando, por omisión en sus obligaciones, en el reconocimiento del fenómeno en si, se facilita la impunidad de sus fechorías.
Es necesario, en primer lugar, para resolver un problema, reconocer que se tiene ese problema y después es necesario tener voluntad de resolverlo y, por supuesto, la capacidad de hacerlo. No veo ninguna de estas premisas en la actitud del equipo de gobierno del Partido Popular de Alpedrete. No veo más que un enrocamiento en una actitud obstinada de negación de los problemas con la machacona consigna de que “todo va bien, todo se está haciendo bien” cuando no se hace nada.
Y probablemente no se puede hacer nada más porque este gobierno municipal está hipotecado para todo su mandato gracias a una política presupuestaria neo conservadora que haría sonrojar al propio Keynes y que ha colocado la situación económica del municipio al borde del desastre. Con esta situación no debería sorprender que problemas como el de la violencia se hayan instalado aquí. Yo creo que con este equipo de gobierno lo peor está por venir.
martes, 3 de junio de 2008
Barcos, dólares y moribundos
He leído en un periódico gallego que un ricachón madrileño se va a dar el capricho de obtener un yate de superlujo a partir de un atunero y que la gracia, diseñada por un estudio arquitectónico naval coruñés, le va a salir al sibarita por 30 millones de euros. No se que clase de persona hay que ser para amasar una fortuna semejante que te permita derrochar así todo ese dinero, pero de una cosa estoy seguro; para gastárselo en chorradas como ésa hay que tener muy poca vergüenza.
Hoy se ha inaugurado la cumbre de la FAO, donde hemos podido constatar que si nadie lo remedia, debido al encarecimiento de los alimentos y la crisis mundial, 800 millones de personas morirán de hambre en el mundo. Si, una cifra escandalosa.
Pero que nadie se asuste, que la cosa tiene solución: solo hace falta reunir 1.500 millones de dólares y caso resuelto.
Es una cantidad de dinero que puede resultar enorme para quien como el común de los mortales, depende económicamente de una mensualidad que parece tan ridícula ante tanto dólar junto como una chalupa al lado de los 70 metros de eslora del atunero reconvertido del opulento madrileño.
Pero la cifra no es tan grande si pensamos que, por ejmplo, los EEUU se gastan eso y más cada día que pasa de guerra en IRAK. Otro ejemplo de cómo hacer del gasto, una inmoralidad.
Yo no tengo nada en contra de quienes tienen tanto dinero, aunque confieso que me asaltan muchas dudas y algunas cuestiones morales importantes cuando de vez en cuando me entero en qué se lo gastan algunos.
Supongo que habrá muchos a los que todo esto les parecerá la típica monserga y pasarán olímpicamente del tema porque en nuestro país no convivimos con la miseria como lo hacen los que malviven donde los niños se mueren de hambre por las calles. Y ojos que no ven, corazón que no siente.
Estoy convencido, por último, que el bon vivant madrileño que va a invertir en tan inútil "reconversión naval" –como el resto de ricachones derrochadores y opulentos- no lee los periódicos, ni la televisión ni escucha la radio y estoy convencido también de que no tiene hijos. Prefiero pensar eso y no tener que calificarle, por que si hubiera visto el telediario, hoy, habría escuchado decir a uno de los líderes mundiales reunidos en Roma, que en los países del tercer mundo afectados por la crisis de los cereales, hay bebés que con suerte solo toman una o dos papillas al día, los días que les llega ayuda, cuando tienen algo que comer. Y no creo que nadie decente tire el dinero mientras ve el cuerpo famélico y desnutrido de un niño moribundo de hambre y miseria.
Yo no se a los demás, pero a mi, se me caería la cara de vergüenza.
Hoy se ha inaugurado la cumbre de la FAO, donde hemos podido constatar que si nadie lo remedia, debido al encarecimiento de los alimentos y la crisis mundial, 800 millones de personas morirán de hambre en el mundo. Si, una cifra escandalosa.
Pero que nadie se asuste, que la cosa tiene solución: solo hace falta reunir 1.500 millones de dólares y caso resuelto.
Es una cantidad de dinero que puede resultar enorme para quien como el común de los mortales, depende económicamente de una mensualidad que parece tan ridícula ante tanto dólar junto como una chalupa al lado de los 70 metros de eslora del atunero reconvertido del opulento madrileño.
Pero la cifra no es tan grande si pensamos que, por ejmplo, los EEUU se gastan eso y más cada día que pasa de guerra en IRAK. Otro ejemplo de cómo hacer del gasto, una inmoralidad.
Yo no tengo nada en contra de quienes tienen tanto dinero, aunque confieso que me asaltan muchas dudas y algunas cuestiones morales importantes cuando de vez en cuando me entero en qué se lo gastan algunos.
Supongo que habrá muchos a los que todo esto les parecerá la típica monserga y pasarán olímpicamente del tema porque en nuestro país no convivimos con la miseria como lo hacen los que malviven donde los niños se mueren de hambre por las calles. Y ojos que no ven, corazón que no siente.
Estoy convencido, por último, que el bon vivant madrileño que va a invertir en tan inútil "reconversión naval" –como el resto de ricachones derrochadores y opulentos- no lee los periódicos, ni la televisión ni escucha la radio y estoy convencido también de que no tiene hijos. Prefiero pensar eso y no tener que calificarle, por que si hubiera visto el telediario, hoy, habría escuchado decir a uno de los líderes mundiales reunidos en Roma, que en los países del tercer mundo afectados por la crisis de los cereales, hay bebés que con suerte solo toman una o dos papillas al día, los días que les llega ayuda, cuando tienen algo que comer. Y no creo que nadie decente tire el dinero mientras ve el cuerpo famélico y desnutrido de un niño moribundo de hambre y miseria.
Yo no se a los demás, pero a mi, se me caería la cara de vergüenza.
jueves, 15 de mayo de 2008
Lo que pienso de la Comunidad de Madrid y mi Partido
El empobrecimiento de la educación pública a manos de la Comunidad de Madrid, por medio de la desigual inversión a favor de la enseñanza concertada, está llegando a rebajarla a niveles inimaginables hace unos años. Con la subrepticia intención de hacer notar esa diferencia entre ambos modelos, la Consejería de Educación realiza una prueba en sexto de primaria en todos los centros de la Comunidad, que no se homologa –ellos saben muy bien por qué- con el resto de pruebas de nivel y de informes sobre el estado de la educación que se realizan internacionalmente y en la UE –como el informa PISA- y que en principio no se iba a publicitar (en teoría tenía simplemente un valor como elemento interno de evaluación de la enseñanza para la Consejería) y no se iba a tener en cuenta en el expediente de los estudiantes objeto de la misma. El año pasado los resultados de la prueba aparecieron pormenorizados –al detalle: centros, calificaciones, etc- en los medios de comunicación y este año, además, la Consejería ya ha anunciado que la nota obtenida por los alumnos de sexto de primaria, aparecerá en su expediente académico, si bien –advierten- no podrá ser tenida en cuenta a efectos de la calificación global del alumno.
Lo que se percibe, tras muchos años de disminuir la inversión en la escuela pública en favor de la concertada, con la publicación de estas pruebas, es la intención de la Consejería de hacer a los ciudadanos apostar por un modelo no público de educación. Es más, en la incorporación de la nota en los expedientes de los alumnos se advierte una sutil extorsión a los padres que se plantean al final del curso, la elección de un centro para el siguiente.
La agresión de la Comunidad de Madrid a la enseñanza pública se hace insoportable y extrema y adquiere un papel que no le corresponde de oposición al gobierno de España, cuando desde la propia Institución Madrileña se alienta la objeción de conciencia –que más que una objeción es un prejuicio ideológico, una medida electoralista y partidista- contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ha encontrado, incomprensiblemente la connivencia de algunos de los reductos más reaccionarios de la justicia. Esta incitación a la rebelión, que no es propia desde luego de un partido democrático y menos de una Administración Pública, es especialmente perversa por ir contra una asignatura que viene a introducir en la enseñanza unos valores que son imprescindibles para la convivencia pacífica y libre de los ciudadanos, valores que deben aprenderse en edad escolar y cuya ausencia se deja notar a diario en las noticias en forma de violencia (de género y de otros estilos) y de falta de respeto por los demás, de machismo o de xenofobia. Bien se ve la imposición de la jerarquía católica madrileña –que tiene mucho mando en el gobierno de Esperanza Aguirre- y que no quiere dejar de ser el único transmisor de valores –los suyos- a los estudiantes madrileños.
Por otra parte está el caso de la sanidad. Con el mismo procedimiento –al igual que en la educación- de no invertir lo que es necesario para garantizar un servicio público de calidad y derivando constantemente a la sanidad privada –en lo que debe resultar para ésta un negocio muy provechoso que pagamos todos los madrileños- todo lo que la pública no puede asumir, se consigue que el ciudadano vaya adoptando la idea de que si uno quiere ser bien atendido y en un plazo razonable de tiempo, debe pagárselo.
Ya no solo es que las listas de espera sean monstruosamente dilatadas (aunque para legalizar esta situación haya que cambiar el concepto legal de espera) es que cuando el usuario es atendido puede correr el riesgo de entrar en un quirófano no estéril y morir por una infección -12 de octubre- consecuencia a todas luces derivada de la calidad de los servicios privatizados o si se trata de cuidados paliativos o cualquier otra cuestión que tenga que dilucidar una comisión de ética, enfrentarse al hecho de que una decisión que debería tomarse en relación a criterios científicos y deontológicos y no a consideraciones doctrinales, como la sedación o la decisión de un paciente o de sus allegados a que se le deje morir dignamente, la toman, como miembros de estas comisiones, sacerdotes católicos, quienes lógicamente aportarán su visión gnóstica y no científica al dictamen, arguyendo como se ha visto, razones tan falaces como la del sufrimiento de Cristo.
Que el PP no tiene escrúpulos morales ni éticos a la hora de utilizar todo lo que esta a su alcance para conseguir sus fines, lo sabemos los ciudadanos de Madrid –y de toda España- desde hace algunos años. Que detrás de este partido hay grupos económicos de poder que tienen aún menos escrúpulos y una grandísima influencia en decisiones que afectan muchas veces a derechos y libertades de los ciudadanos, no nos cabe la menor duda a muchos, que hemos asistido asombrados –y puede que faltos de reflejos- a bochornos como aquella suerte de asonada encubierta que fue la espantada de Tamayo y Sáez. Pero lo que sucede en los últimos años en Madrid va mucho más allá de todo lo que hemos visto hasta ahora.
En mi opinión asistimos a la deconstrucción del modelo de Estado, según lo conocíamos desde 1978 (o mejor desde 1982). Si nuestro sistema se apoya en pilares básicos como la separación de poderes, la extensión universal de derechos, la cobertura sanitaria universal, pública, gratuita y de calidad o la educación igualmente pública y de calidad, además de aconfesional, así como se declara el Estado Español en su Constitución; ¿no estaremos, al degradar estos pilares, poniendo en peligro su estabilidad? Yo creo que asistimos distraídos al proceso de cambio de un modelo de estado social de corte europeo, a un modelo anglosajón, ultra liberal y con un toque neo-con a la española. Y la consecuencia de esto es que puede llegar un día en que el punto de retroceso esté ya muy superado y que nos resulte imposible –que difícil ya es- recomponer el sistema y asumir, entre otras dificultades, el ingente gasto económico que supondría ponerlo en orden.
Creo que todos quienes componemos la izquierda madrileña debemos hallar el camino para llegar a conectar de nuevo con el electorado. Y para hacerlo, debemos saber plantear una opción de izquierdas razonable, realista y cercana. Una opción emanada de una reflexión y de un esfuerzo común de todos por entender la realidad de nuestra autonomía y por supuesto de una voluntad inquebrantable de transformarla, para garantizar su progreso y su mejora.
Como muchos otros militantes del PSM espero que el proceso congresual que se avecina, termine convirtiendo a nuestro partido en ese instrumento en el que los ciudadanos confíen y con el que se inicie un largo periodo de gobiernos socialistas en Madrid que garanticen una sanidad pública y digna, sin subterfugios ni privatizaciones. Nos debemos plantear que la educación es un pilar básico del estado y que quienes estudian hoy en las escuelas tendrán derecho a voto en la próxima década y debemos ser capaces de conseguir que dispongan de los conocimientos, los valores y la cultura necesarios para que puedan votar la opción que más les convenga y no la que les consiga convencer. Por eso y por muchas otras razones, espero que el Estado denuncie por fin los acuerdos con la Santa Sede para conseguir definitivamente la separación total de poderes que promulga nuestra Constitución y que nunca ha sido total con los privilegios fiscales que la Iglesia Católica ha mantenido durante años o con su presencia en la enseñanza pública.
Esto es lo que espero del proceso congresual que se avecina y de esto es de lo que quiero hablar. Y de personas –que no de personalismos- también habrá que hablar, pero primero, las ideas.
Arturo Trigo
Lo que se percibe, tras muchos años de disminuir la inversión en la escuela pública en favor de la concertada, con la publicación de estas pruebas, es la intención de la Consejería de hacer a los ciudadanos apostar por un modelo no público de educación. Es más, en la incorporación de la nota en los expedientes de los alumnos se advierte una sutil extorsión a los padres que se plantean al final del curso, la elección de un centro para el siguiente.
La agresión de la Comunidad de Madrid a la enseñanza pública se hace insoportable y extrema y adquiere un papel que no le corresponde de oposición al gobierno de España, cuando desde la propia Institución Madrileña se alienta la objeción de conciencia –que más que una objeción es un prejuicio ideológico, una medida electoralista y partidista- contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ha encontrado, incomprensiblemente la connivencia de algunos de los reductos más reaccionarios de la justicia. Esta incitación a la rebelión, que no es propia desde luego de un partido democrático y menos de una Administración Pública, es especialmente perversa por ir contra una asignatura que viene a introducir en la enseñanza unos valores que son imprescindibles para la convivencia pacífica y libre de los ciudadanos, valores que deben aprenderse en edad escolar y cuya ausencia se deja notar a diario en las noticias en forma de violencia (de género y de otros estilos) y de falta de respeto por los demás, de machismo o de xenofobia. Bien se ve la imposición de la jerarquía católica madrileña –que tiene mucho mando en el gobierno de Esperanza Aguirre- y que no quiere dejar de ser el único transmisor de valores –los suyos- a los estudiantes madrileños.
Por otra parte está el caso de la sanidad. Con el mismo procedimiento –al igual que en la educación- de no invertir lo que es necesario para garantizar un servicio público de calidad y derivando constantemente a la sanidad privada –en lo que debe resultar para ésta un negocio muy provechoso que pagamos todos los madrileños- todo lo que la pública no puede asumir, se consigue que el ciudadano vaya adoptando la idea de que si uno quiere ser bien atendido y en un plazo razonable de tiempo, debe pagárselo.
Ya no solo es que las listas de espera sean monstruosamente dilatadas (aunque para legalizar esta situación haya que cambiar el concepto legal de espera) es que cuando el usuario es atendido puede correr el riesgo de entrar en un quirófano no estéril y morir por una infección -12 de octubre- consecuencia a todas luces derivada de la calidad de los servicios privatizados o si se trata de cuidados paliativos o cualquier otra cuestión que tenga que dilucidar una comisión de ética, enfrentarse al hecho de que una decisión que debería tomarse en relación a criterios científicos y deontológicos y no a consideraciones doctrinales, como la sedación o la decisión de un paciente o de sus allegados a que se le deje morir dignamente, la toman, como miembros de estas comisiones, sacerdotes católicos, quienes lógicamente aportarán su visión gnóstica y no científica al dictamen, arguyendo como se ha visto, razones tan falaces como la del sufrimiento de Cristo.
Que el PP no tiene escrúpulos morales ni éticos a la hora de utilizar todo lo que esta a su alcance para conseguir sus fines, lo sabemos los ciudadanos de Madrid –y de toda España- desde hace algunos años. Que detrás de este partido hay grupos económicos de poder que tienen aún menos escrúpulos y una grandísima influencia en decisiones que afectan muchas veces a derechos y libertades de los ciudadanos, no nos cabe la menor duda a muchos, que hemos asistido asombrados –y puede que faltos de reflejos- a bochornos como aquella suerte de asonada encubierta que fue la espantada de Tamayo y Sáez. Pero lo que sucede en los últimos años en Madrid va mucho más allá de todo lo que hemos visto hasta ahora.
En mi opinión asistimos a la deconstrucción del modelo de Estado, según lo conocíamos desde 1978 (o mejor desde 1982). Si nuestro sistema se apoya en pilares básicos como la separación de poderes, la extensión universal de derechos, la cobertura sanitaria universal, pública, gratuita y de calidad o la educación igualmente pública y de calidad, además de aconfesional, así como se declara el Estado Español en su Constitución; ¿no estaremos, al degradar estos pilares, poniendo en peligro su estabilidad? Yo creo que asistimos distraídos al proceso de cambio de un modelo de estado social de corte europeo, a un modelo anglosajón, ultra liberal y con un toque neo-con a la española. Y la consecuencia de esto es que puede llegar un día en que el punto de retroceso esté ya muy superado y que nos resulte imposible –que difícil ya es- recomponer el sistema y asumir, entre otras dificultades, el ingente gasto económico que supondría ponerlo en orden.
Creo que todos quienes componemos la izquierda madrileña debemos hallar el camino para llegar a conectar de nuevo con el electorado. Y para hacerlo, debemos saber plantear una opción de izquierdas razonable, realista y cercana. Una opción emanada de una reflexión y de un esfuerzo común de todos por entender la realidad de nuestra autonomía y por supuesto de una voluntad inquebrantable de transformarla, para garantizar su progreso y su mejora.
Como muchos otros militantes del PSM espero que el proceso congresual que se avecina, termine convirtiendo a nuestro partido en ese instrumento en el que los ciudadanos confíen y con el que se inicie un largo periodo de gobiernos socialistas en Madrid que garanticen una sanidad pública y digna, sin subterfugios ni privatizaciones. Nos debemos plantear que la educación es un pilar básico del estado y que quienes estudian hoy en las escuelas tendrán derecho a voto en la próxima década y debemos ser capaces de conseguir que dispongan de los conocimientos, los valores y la cultura necesarios para que puedan votar la opción que más les convenga y no la que les consiga convencer. Por eso y por muchas otras razones, espero que el Estado denuncie por fin los acuerdos con la Santa Sede para conseguir definitivamente la separación total de poderes que promulga nuestra Constitución y que nunca ha sido total con los privilegios fiscales que la Iglesia Católica ha mantenido durante años o con su presencia en la enseñanza pública.
Esto es lo que espero del proceso congresual que se avecina y de esto es de lo que quiero hablar. Y de personas –que no de personalismos- también habrá que hablar, pero primero, las ideas.
Arturo Trigo
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