El empobrecimiento de la educación pública a manos de la Comunidad de Madrid, por medio de la desigual inversión a favor de la enseñanza concertada, está llegando a rebajarla a niveles inimaginables hace unos años. Con la subrepticia intención de hacer notar esa diferencia entre ambos modelos, la Consejería de Educación realiza una prueba en sexto de primaria en todos los centros de la Comunidad, que no se homologa –ellos saben muy bien por qué- con el resto de pruebas de nivel y de informes sobre el estado de la educación que se realizan internacionalmente y en la UE –como el informa PISA- y que en principio no se iba a publicitar (en teoría tenía simplemente un valor como elemento interno de evaluación de la enseñanza para la Consejería) y no se iba a tener en cuenta en el expediente de los estudiantes objeto de la misma. El año pasado los resultados de la prueba aparecieron pormenorizados –al detalle: centros, calificaciones, etc- en los medios de comunicación y este año, además, la Consejería ya ha anunciado que la nota obtenida por los alumnos de sexto de primaria, aparecerá en su expediente académico, si bien –advierten- no podrá ser tenida en cuenta a efectos de la calificación global del alumno.
Lo que se percibe, tras muchos años de disminuir la inversión en la escuela pública en favor de la concertada, con la publicación de estas pruebas, es la intención de la Consejería de hacer a los ciudadanos apostar por un modelo no público de educación. Es más, en la incorporación de la nota en los expedientes de los alumnos se advierte una sutil extorsión a los padres que se plantean al final del curso, la elección de un centro para el siguiente.
La agresión de la Comunidad de Madrid a la enseñanza pública se hace insoportable y extrema y adquiere un papel que no le corresponde de oposición al gobierno de España, cuando desde la propia Institución Madrileña se alienta la objeción de conciencia –que más que una objeción es un prejuicio ideológico, una medida electoralista y partidista- contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ha encontrado, incomprensiblemente la connivencia de algunos de los reductos más reaccionarios de la justicia. Esta incitación a la rebelión, que no es propia desde luego de un partido democrático y menos de una Administración Pública, es especialmente perversa por ir contra una asignatura que viene a introducir en la enseñanza unos valores que son imprescindibles para la convivencia pacífica y libre de los ciudadanos, valores que deben aprenderse en edad escolar y cuya ausencia se deja notar a diario en las noticias en forma de violencia (de género y de otros estilos) y de falta de respeto por los demás, de machismo o de xenofobia. Bien se ve la imposición de la jerarquía católica madrileña –que tiene mucho mando en el gobierno de Esperanza Aguirre- y que no quiere dejar de ser el único transmisor de valores –los suyos- a los estudiantes madrileños.
Por otra parte está el caso de la sanidad. Con el mismo procedimiento –al igual que en la educación- de no invertir lo que es necesario para garantizar un servicio público de calidad y derivando constantemente a la sanidad privada –en lo que debe resultar para ésta un negocio muy provechoso que pagamos todos los madrileños- todo lo que la pública no puede asumir, se consigue que el ciudadano vaya adoptando la idea de que si uno quiere ser bien atendido y en un plazo razonable de tiempo, debe pagárselo.
Ya no solo es que las listas de espera sean monstruosamente dilatadas (aunque para legalizar esta situación haya que cambiar el concepto legal de espera) es que cuando el usuario es atendido puede correr el riesgo de entrar en un quirófano no estéril y morir por una infección -12 de octubre- consecuencia a todas luces derivada de la calidad de los servicios privatizados o si se trata de cuidados paliativos o cualquier otra cuestión que tenga que dilucidar una comisión de ética, enfrentarse al hecho de que una decisión que debería tomarse en relación a criterios científicos y deontológicos y no a consideraciones doctrinales, como la sedación o la decisión de un paciente o de sus allegados a que se le deje morir dignamente, la toman, como miembros de estas comisiones, sacerdotes católicos, quienes lógicamente aportarán su visión gnóstica y no científica al dictamen, arguyendo como se ha visto, razones tan falaces como la del sufrimiento de Cristo.
Que el PP no tiene escrúpulos morales ni éticos a la hora de utilizar todo lo que esta a su alcance para conseguir sus fines, lo sabemos los ciudadanos de Madrid –y de toda España- desde hace algunos años. Que detrás de este partido hay grupos económicos de poder que tienen aún menos escrúpulos y una grandísima influencia en decisiones que afectan muchas veces a derechos y libertades de los ciudadanos, no nos cabe la menor duda a muchos, que hemos asistido asombrados –y puede que faltos de reflejos- a bochornos como aquella suerte de asonada encubierta que fue la espantada de Tamayo y Sáez. Pero lo que sucede en los últimos años en Madrid va mucho más allá de todo lo que hemos visto hasta ahora.
En mi opinión asistimos a la deconstrucción del modelo de Estado, según lo conocíamos desde 1978 (o mejor desde 1982). Si nuestro sistema se apoya en pilares básicos como la separación de poderes, la extensión universal de derechos, la cobertura sanitaria universal, pública, gratuita y de calidad o la educación igualmente pública y de calidad, además de aconfesional, así como se declara el Estado Español en su Constitución; ¿no estaremos, al degradar estos pilares, poniendo en peligro su estabilidad? Yo creo que asistimos distraídos al proceso de cambio de un modelo de estado social de corte europeo, a un modelo anglosajón, ultra liberal y con un toque neo-con a la española. Y la consecuencia de esto es que puede llegar un día en que el punto de retroceso esté ya muy superado y que nos resulte imposible –que difícil ya es- recomponer el sistema y asumir, entre otras dificultades, el ingente gasto económico que supondría ponerlo en orden.
Creo que todos quienes componemos la izquierda madrileña debemos hallar el camino para llegar a conectar de nuevo con el electorado. Y para hacerlo, debemos saber plantear una opción de izquierdas razonable, realista y cercana. Una opción emanada de una reflexión y de un esfuerzo común de todos por entender la realidad de nuestra autonomía y por supuesto de una voluntad inquebrantable de transformarla, para garantizar su progreso y su mejora.
Como muchos otros militantes del PSM espero que el proceso congresual que se avecina, termine convirtiendo a nuestro partido en ese instrumento en el que los ciudadanos confíen y con el que se inicie un largo periodo de gobiernos socialistas en Madrid que garanticen una sanidad pública y digna, sin subterfugios ni privatizaciones. Nos debemos plantear que la educación es un pilar básico del estado y que quienes estudian hoy en las escuelas tendrán derecho a voto en la próxima década y debemos ser capaces de conseguir que dispongan de los conocimientos, los valores y la cultura necesarios para que puedan votar la opción que más les convenga y no la que les consiga convencer. Por eso y por muchas otras razones, espero que el Estado denuncie por fin los acuerdos con la Santa Sede para conseguir definitivamente la separación total de poderes que promulga nuestra Constitución y que nunca ha sido total con los privilegios fiscales que la Iglesia Católica ha mantenido durante años o con su presencia en la enseñanza pública.
Esto es lo que espero del proceso congresual que se avecina y de esto es de lo que quiero hablar. Y de personas –que no de personalismos- también habrá que hablar, pero primero, las ideas.
Arturo Trigo
