JUICIO A LOS MUERTOS

El enjuiciamiento del Juez Garzón, esta menoscabando seriamente la credibilidad de la justicia y por ende, está haciendo mella en la credibilidad de todo el sistema. No por el hecho de que se esté juzgando a un juez, que no tendría nada de excepcional en un estado de derecho como el nuestro, sino por el tremendo significado que tiene que lo lleven al banquillo quienes tienen que responder por los crímenes que Garzón investiga.
El proceso contra el juez de la Audiencia Nacional, además, ha puesto de manifiesto que la justicia española precisa de una reconversión que otras administraciones del Estado ya sufrieron hace décadas y también de una renovación inmediata de quienes ocupan sus más altas instancias. Es preciso afrontar una reforma de la justicia que entre otros aspectos garantice la igualdad de condiciones en el acceso a la Judicatura, para que no solo opten a dichos puestos las clases más pudientes, en general conservadoras. Y es que no todo el mundo puede con los costes que suponen los años de preparación para opositar a jueces o notarios, produciéndose así una apropiación de clase en donde no debería existir la mínima sospecha de vinculación ideológica o de ningún tipo.
Este singular enjuiciamiento ha servido también, para dar aire a quienes mantienen que la transición española no cerró convenientemente el episodio de la vergonzosa y terrible exterminación de los vencidos de la Guerra Civil.
Estoy de acuerdo en que el borrón y cuenta nueva con que se pasó de la dictadura a la democracia, significa un agravio para la memoria de quienes murieron a manos de los verdugos fascistas, para quienes sufrieron tortura, cárcel o exilio o para sus familiares. Pero pongo en duda el razonamiento de quienes piensan que el final de la década de 1970 ofrecía las condiciones necesarias para emprender esa imperiosa reparación.
Con la visión que dan casi treinta y dos años de libertad y normalidad constitucional, en la actualidad es más que evidente que la asignatura pendiente de nuestro proceso de transición a la democracia es el reconocimiento de que los que perdieron la guerra tenían razón. Cuando se hace la Ley de Memoria Histórica, también están pendientes el reconocimiento oficial a las víctimas, la reparación de su dignidad, la anulación de los procesos y juicios y como no, la recuperación de los cadáveres que llenan multitud de fosas diseminadas por nuestra geografía esperando a ser descubiertos y exhumados para descanso de familias y conocimiento y recuerdo de una verdad aterradora y no tan lejana.
En cuanto al momento, surge la duda: ¿habría sido posible la rápida normalización democrática que experimentó España y que impresionó en Europa, si se hubiera hecho la transición de otra forma? ¿habría sido posible en un contexto político menos estable, el rápido avance que se produjo en el país y que supuso la mayor y más veloz transformación social y económica que hemos vivido los españoles?
Ahora vemos con claridad los defectos de la transición, que los tuvo; pero me gustaría ver a alguno de los muchos exégetas de nuestra historia reciente -que estos días brotan con profusión de micosis- cómo habrían interpretado aquel contexto político y cómo se hubieran desenvuelto entre el miedo, la incertidumbre y el acecho de los militares, prestos a sacar los tanques a la calle como pudo constatarse en 1981. La realidad en aquellos días era muy distinta de la actual; no se puede obviar esto en el análisis de la transición sin cometer un error de bulto.
Por otra parte, estoy absolutamente convencido de que los gobiernos de Aznar son la causa directa del advenimiento de este neofascismo que profesan colectivos como los que han llevado a Baltasar Garzón ante el Supremo. Sobre todo la segunda legislatura, la de la mayoría absoluta, que supuso un desastre para la democracia solo comparable al bienio negro de la II República.
En este periodo se sientan las bases de una España nuevamente dividida entre los que están en posesión de la razón absoluta y los enemigos del orden, que éramos todos los demás. En esa época fragua también una visión de la historia reciente de España sesgada con un peligrosísimo relativismo de la mano de los poderosos grupos mediáticos y editoriales de la derecha que en algunos casos ha derivado en el más deleznable revisionismo gracias a autores como Pio Moa, De La Cierva o García de Cortázar.
Ese revisionismo despreciable ha llegado a materializarse negligentemente en discurso político y ha llegado más lejos de lo que es permisible. En la mismísima Asamblea de Madrid, se ha podido escuchar a la Presidenta de la Comunidad esta semana justificando la negativa de su partido a condenar el franquismo con el argumento de que la guerra civil la comenzaron los revolucionarios de 1934 en Asturias o los asesinos de Calvo Sotelo. Son precisamente los argumentos falaces de quienes se sublevaron contra el Gobierno legítimo de la II Republica.
La desfachatez de la derecha y de sus dirigentes ya no se oculta porque durante años les hemos dejado afianzarse en el poder en distintos ámbitos y no hemos sabido reaccionar ante el resurgir de sus consignas neofascistas. Hemos hecho dejación de nuestra obligación moral de reivindicación de la memoria de los que fueron exiliados, torturados y asesinados; de la reparación de su dignidad y de la más firme condena de los verdugos, ejecutores del golpe de estado y de la brutal represión posterior a la guerra. Tergiversar, mentir y confundir; eso es lo que hacen. Lo que sea con tal de que la derecha no resulte identificada con su terrible pasado fascista durante la dictadura de Franco.
No escribo esto con la intención de adular a Garzón. No es oro todo lo que reluce en el cursus honorum del Magistrado. Muchos socialistas hemos mirado un tiempo a la Audiencia Nacional con desconfianza y resentimiento. En el contexto de la transición del último gobierno socialista de Felipe González al primero del PP, encontramos también a Baltasar Garzón; parte activa en el acoso a Felipe, por rencor o por lo que fuera. Pero allí estaba cuando sacó muy oportunamente del cajón -donde se pudría desde que el juez se pasó a la política- el sumario que llevó sin pruebas concluyentes a un ministro y a un secretario de estado a la cárcel. Era el tiempo, confuso para muchos, en que los media, convertidos en sindicato del crimen, se confabulaban con una oposición desesperada porque fracasaba una y otra vez en el intento de derrotar al PSOE. Aznar berreaba en el Congreso aquello del ¡Márchese, Sr. González!
Pero lo que está sucediendo ahora trasciende los sentimientos y las opiniones que se puedan tener acerca de Garzón, porque no se trata solo de su persona o su carrera judicial. La instrucción contra el magistrado por investigar los crímenes del franquismo tiene un valor que está por encima, incluso, del daño que su revanchismo contra Felipe pudiera haberle causado al PSOE o al propio Estado.
Con el sumario de los crímenes del franquismo, Garzón ha removido los sedimentos de una parte de la historia injustamente enterrada y oscurecida que era preciso desenterrar y esta pagando el precio por ello. Pero lo que me parece más importante es que cuando Baltasar Garzón se siente en el banquillo, no se sentará solo. Se sentarán con él la memoria de cientos de miles de republicanos, demócratas represaliados, asesinados y desaparecidos. Todos ellos clamarán entonces, no solo sobre la conciencia de sus verdugos –acaso carecieran de ésta- clamarán sobre la conciencia de la sociedad española, de la opinión pública actual. Y con su clamor nos llamarán a la movilización porque los mismos que les asesinaron, ahora les sientan en el banquillo para condenarles al olvido, para ejecutarles de nuevo asesinando su memoria e imposibilitando así su resarcimiento, la restitución de su dignidad, usurpada por la intransigencia, la violencia y la ignominia de aquellos miserables golpistas de 1936 y eso no lo podemos permitir. No podemos, al menos, permanecer impasibles ante esta farsa.