La política, Dios y Mª Sol Casado

La iglesia católica jamás concederá al hombre su derecho a la dignidad en el proceso de la muerte -aunque esta concesión por fortuna no afecte legalmente ni siquiera a los creyentes más adeptos- y por tanto no reconocerá nunca su derecho a poner fin a su vida en el momento en que lo considere oportuno, porque reconocer este derecho al hombre implicaría retirárselo a Dios, negando así, con los hechos, que solo Él tenga la capacidad de decidir quien vive o quien muere e implicaría también que sus ministros en la tierra perderían el gran beneficio que les supone administrar tan excelso poder.
No están los tiempos para hacer concesiones de ese tipo para el catolicismo español que ve en la constante evolución de nuestra sociedad, una merma progresiva de su poder sobre almas y mentes y una disminución constante de afluencia a la parroquia, por no hablar de la creciente sequía de vocaciones a vestir hábitos y sotanas.
La iglesia católica no deja de entrometerse en la política porque se resiste a perder un papel protagonista que afortunadamente las leyes ya no le confieren y para ello se agarra como puede al clavo ardiente de la interpretación subjetiva e interesada de cierto título de nuestra Constitución que le parece permitir privilegios que en el nivel actual de desarrollo civil y cultural de nuestro país no son si no un anacronismo tan estrambótico como perjudicial para la salud política y social del mismo.
La Junta de Andalucía, pionera en muchas cosas, da un paso decisivo hacia el objetivo de establecer legalmente un catálogo de derechos del paciente y obligaciones del médico, que pese a estar reconocidos ya en la Ley de Autonomía del Paciente, nunca se han desarrollado específicamente por las autonomías ni por el propio Estado, dando lugar a situaciones equívocas y bochornosas como el caso del hospital Severo Ochoa de Leganés y las sedaciones irregulares que no lo eran, como ya ha dictaminado la justicia, para bien de profesión y usuarios.
Con esta Ley autonómica, el Gobierno de Chaves, no solo viene a cubrir un vacío legal que no podía estar vacío por mucho más tiempo, viene también a recordarnos que los gobiernos de izquierdas son necesarios si se quiere seguir avanzando en derechos y ofreciendo calidad en los servicios de las instituciones públicas. Y que es necesario regular legalmente el derecho a morir, para vivir más dignamente.
Es ya un grito multitudinario en España, que una amplia mayoría de ciudadanos expresan su respeto hacia todas las confesiones religiosas pero reivindican un estado totalmente laico y aconfesional donde la religión no condicione las libertades, ni participe de la política ni de las decisiones que conciernen a derechos cívicos, ni se inmiscuya en la enseñanza, para que ésta sea científica y de calidad. Y mientras en Andalucía y en otras comunidades autónomas se avanza en este terreno, en la Comunidad de Madrid, se retrocede.
En las comisiones de ética los hospitales madrileños, se ha regulado por Ley la participación de religiosos en la toma de decisiones –en lo que sin duda supone una aberración del estado de derecho por omisión de la separación de poderes que promulga la constitución de 1978- Se plantean sin rubor objeciones de conciencia –que no lo son al carecer de valor jurídico- a la asignatura de Educación para la ciudadanía, haciendo descaradamente un llamamiento a la rebeldía contra el Gobierno de España y sus atribuciones impropio de una administración pública democrática.
En Alpedrete, que probablemente es la sucursal más reaccionaria del nacional catolicismo neoliberal de Esperanza Aguirre, las pasadas fiestas nos han dejado impresa en la memoria, la imagen de la Alcaldesa y de tres concejales sustentando el palio bajo el que desfilaba en procesión la curia católica con todo su boato. Este es un claro esbozo de la idea de la política que tienen los dirigentes del PP local, que carecen de pudor alguno al plasmar con los hechos la sumisión del poder civil, representado por la Corporación Municipal, al poder eclesiástico.
Es intolerable que a estas alturas, los ciudadanos tengamos que soportar que esto sea así. El poder político, legítimamente emanado del pueblo y renovado cada cuatro años, no puede someterse a ninguna otra autoridad que a la de las urnas y por supuesto a la del poder judicial, al que, por cierto, nuestra alcaldesa tiene alguna dificultad para someterse, retrasando -por prurito personal- la ejecución de ciertas sentencias judiciales, en lo que sin duda es la demostración más palpable de que estamos más cerca de los modos y las costumbres de la dictadura militar que de las que son propias de nuestro estado de derecho.
Dos mayorías absolutas han propiciado que Mª Sol Casado piense que puede hacer lo que le venga en gana con la representación popular que ostenta y no duda en hacerlo sin el menor rubor, aunque tenga que someter el poder que representa a una confesión religiosa a la que ella pertenece pero a la que no pertenecen muchos otros ciudadanos del municipio, que naturalmente merecen el mismo respeto que los católicos y que ella misma. Éstos también tienen derecho a verse representados por la máxima autoridad local y por eso es que la Alcaldesa, en el ejercicio de sus funciones debería abstenerse de participar en cultos religiosos, mostrando un comportamiento laico que es exigible a los políticos en todos los estamentos de la Administración.
Cada uno puede hacer lo que le venga en gana a título personal, creer en lo que quiera y manifestarlo así cuando y como le apetezca, pero cuando uno representa a los ciudadanos ha de representarlos a todos y no solo a los que piensan como él.
Es el momento de exigir que los políticos cumplan con nuestra Carta Magna y actúen como representantes del poder que ostentan, dejando de jurar cargos frente a un crucifijo, dejando de participar en funerales religiosos de estado o dejando de hacer ostentación en cualquier acto público de su condición de adeptos, sea cual sea su religión. Solo así conseguiremos profundizar en la verdadera igualdad de todos y cada uno quedará donde le corresponde. Al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios.